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Incurre gobierno de Tecate en desacato; Juez ordena frenar construcción de planta de gas LP

Tecate BC.- El Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparos, dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) a fin iniciar  la carpeta de investigación sobre un funcionario municipal por incurrir en desacato en el juicio de amparo que exhibió ilegalidades en la construcción de una planta de almacenamiento de gas LP.

Esto en respuesta a la omisión del director de Administración Urbana, Raúl Medellín Rivera, quien desdeñó el amparo otorgado por ciudadanos que piden la revocación de los permisos de la obra, denunció Adriana Gonzalez May, Presidenta de la “Unión Ciudadana por el Futuro de Tecate” A.C.

El 22 de febrero pasado, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tijuana, dio visto a la Delegación de la PGR en Baja California sobre la violación a la Ley de Amparo cometida por dicho servidor público, durante el juicio de garantías promovido por las ciudadanas Jessica Castro Sánchez y Dolores Carmona Ortiz.

En el escrito, el titular del Juzgado pide a la PGR solicita iniciar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los autores a la violación de la Ley de Amparo.

La Asociación Civil “Unión Ciudadana por el Futuro de Tecate” solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo y juicios federales, el recurso de protección de sus garantía.

El Juez ordenó dos suspensiones federales para que la gasera  detenga su construcción e instalación hasta que acredite que sus permisos son legales.

Los amparos están radicados en ese juzgado con los números 1299/2017 y 77/2018, el primero presentado por la señora Dolores, que vive y tiene su negocio de fonda de comida cerca de la Gasera, y que se vería afectada con cualquier accidente que se suscite en la Gasera.

El segundo de los amparo fue presentado por la Asociación Civil Unión Ciudadana por el Futuro de Tecate, que entre su objeto social tienen el de llevar a cabo acciones de protección al medio ambiente y el sano desarrollo de

Adicional a este presunto delito, se suma la desatención del mismo funcionario al oficio del dos de febrero de este años de la Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) que le notificó –mediante un dictamen—que dicha plana “no es congruente” con el Plan de Desarrollo Urbano, y la eventual operación de la misma se convierte en un alto riesgo para los habitantes.

Los integrantes de la Asociación Civil y varios habitantes que se han sumado con el paso del tiempo a esta lucha social, están preocupados por la construcción y, operación,  de la planta de almacenamiento de Gas LP, con capacidad  de 750 mil litros, al lado del gasoducto que pasa contiguo a la carretera libre de Tijuana-Tecate.

La empresa Gasera Hidrocarburos del Noroeste SA. De CV, de nombre comercial RIVERA GAS, obtuvo el permiso federal en diciembre de 2015.

Con el paso del juicio de garantías, se pudo documentar que dicha compañía para obtener su permiso federal, la empresa impulso y consintió que dentro del expediente en el que obtuvo su Autorización,   se simulara por parte de la autoridad federal por sus siglas conocida como la ASEA, una solicitud de Dictamen Técnico de Congruencia que debe emitir el Estado.

 La simulación consistió en que la ASEA, en fecha 17 de agosto de 2015, presentó ante la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) de Baja California, el oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/5S.1/052/2015, de fecha 21 de julio de 2016, en el que le solicitó Opinión Técnica de Congruencia a dicha Secretaria, pero en forma falsa en el referido oficio se precisó que el proyecto de la Gasera, se ubicaría en un predio del Municipio, de Playas de Rosarito.

 Por lo que la SIDUE de Baja California en su momento dio respuesta a ese oficio, informando los particulares del diverso predio de Playas de Rosarito, del que simuladamente se le solicitó la opinión técnica de congruencia.  

 De manera que la ASEA, al emitir la Autorización Federal en favor de la empresa Hidrocarburos, completó su simulación estableciendo en la propia Autorización, que la SIDUE de Baja California nunca dio respuesta a la solicitud de Opinión Técnica de Congruencia.

 Con esta simulación, por parte del servidor Público de la ASEA que expidió la Autorización y por parte de la misma empresa Hidrocarburos, ilegalmente pudo ocultarse la información con la que cuenta la SIDUE de Baja California en relación a que la Gasera que pretende instalar la empresa, se ubica en un Área de Amortiguamiento y de Alto Riesgo de un Gasoducto que tiene concedido desde el año 2004, la empresa Gas Natural Industrial SA de CV, en el Municipio de Tecate, Baja California.

 Sin embargo esa simulación quedo evidenciada el día 2 de febrero de 2018, cuando la SIDUE de Baja California, emitió oficio 436, que contiene Dictamen Técnico en el que determinó que el proyecto de la gasera se encontraba NO CONGRUENTE con la Planeación del Estado de Baja California.

 La Asociación Civil denunció que tanto la empresa Hidrocarburos, como el mismo servidor público de la ASEA que le concedió la Autorización federal, simularon y asentaron falsa información por la supuesta solicitud de dictamen tecnico de congruencia y supuesta falta de respuesta, con el objeto de no recabar lo que sería un dictamen de no congruencia.
Mientras tanto, las autoridades de Tecate, actuaron ilegalmente con sustento en la Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, que había obtenido la empresa Hidrocarburos, le otorgaron a la empresa uso de suelo y licencia Municipal de construcción en el año 2016.

 Los vecinos acusaron que el permiso de Uso de suelo y licencia de construcción que se otorgaron sin el dictamen tecnico de congruencia de la SIDUE, que por ley debe obtenerse antes para que el Municipio pueda otorgar legalmente esos permisos. 

 Afirmaron que la empresa pretende instalar una planta, aun cuando el 2 de febrero de 2018, se emitió dictamen que determina que ese proyecto de la Gasera no guarda congruencia  con la Planeación del Desarrollo Urbano del Estado, dictamen que fue emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, en el oficio  436 de fecha 2 de febrero de 2018.