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Reitera aguas de Rosarito ser un proyecto autosustentable

Reitera aguas de Rosarito ser un proyecto autosustentable.

Rubén Sánchez, director general de la planta desalinizadora “Aguas de Rosarito”, reiteró este jueves, que no sólo es un proyecto autosustentable financiado con recursos privados, sino que además está imposibilitado para vender agua desalinizada a Estados Unidos, ya que por derecho constitucional, sólo puede extraerse agua de mar para beneficio exclusivo de la población mexicana.

En conferencia de prensa, el Ing. Sánchez, insistió en que “Aguas de Rosarito ofrece únicamente el servicio de desalinizar el agua de mar para convertirla en potable y no tiene ningún derecho sobre el agua de mar”.

En este sentido, refirió que el contrato con Gobierno del Estado es a 40 años y al término de ese plazo debe trasferir la planta, el acueducto y toda su infraestructura relacionada sin costo a la Comisión Estatal de Agua del Estado de Baja California.

Adicionalmente comentó que la tarifa que paga mensualmente la CEA a la Empresa, incluye 10.8 millones de metros cúbicos de agua que deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana para el agua potable y en caso que no entregue el volumen comprometido, estará sujeta a multas, además de no poder cobrar el agua no entregada.

Explicó que el Contrato de Asociación Público Privada obliga a la Empresa a contratar una fianza por $720 millones de pesos para garantizar la buena construcción de la Planta y de $1,400 millones para garantizar la buena operación de la misma, a fin de proveer el servicio a más de 2 millones de habitantes de la zona costa del Estado, principalmente Tijuana.

Asimismo, informó que el 98% del agua que se envía a Tijuana – Rosarito procede del Río Colorado y que el volumen que consume la ciudad excede los derechos de agua que le corresponden, por lo que básicamente, se trata de “agua prestada”.

El Ing. Sánchez, señaló que el proyecto, cuya construcción se proyecta en dos etapas, será financiado en su totalidad con recursos privados, sin recurrir a fondos del gobierno del Estado o fondos federales. El inicio de operación de la primera etapa se estima a finales de 2019 y el de la segunda etapa en julio 2024, aunque esta fecha se puede adelantar o retrasar en función de la demanda.

El financiamiento del proyecto está asegurado a través del capital de los inversionistas y créditos bancarios del Banco de Desarrollo de América del Norte, Nacional Financiera, Banorte y Banobras, además de un paquete de seguros y fianzas que los desarrolladores deberán entregar al Gobierno del Estado como garantía del cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos.

El gobierno del estado garantiza el pago de la contraprestación mensual por medio de un fideicomiso y una línea de crédito contingente por $450 millones de pesos con lo que se garantiza una inversión de $10,000 millones de pesos.

Destacó que el proyecto incentivará la competitividad de la región, beneficiará a más de 2 millones de habitantes y generará 500 empleos directos durante la construcción y 80 fijos en la operación.