Donación de terrenos a afectados del rubí no es acto de humanidad del gobierno, sino una obligación constitucional

Tijuana BC.- La donación de terrenos a familias afectadas por la destrucción de sus casas en Lomas del Rubí, no es un acto de humanidad por parte del ayuntamiento sino que es una obligación

Tijuana BC.- La donación de terrenos a familias afectadas por la destrucción de sus casas en Lomas del Rubí, no es un acto de humanidad por parte del ayuntamiento sino que es una obligación constitucional, expresó el regidor Manuel Rodríguez Monárrez.

En sesión extraordinaria de cabildo, mencionó que el desastre urbano que ocurrió en febrero pasado fue provocado por la ambición corrupta de la empresa constructora Grupo Melo en contubernio con el ayuntamiento.

“Estoy aquí para defender a los vecinos que no los dejan ni hablar ni entrar a palacio; esto no es un acto de humanidad no somos una institución de beneficencia, tenemos una obligación constitucional con quienes perdieron sus casas.

Esa ambición está llevando a que se fraccionen las bases de las laderas.  Los vecinos perdieron todo su patrimonio, son familias humildes; esto no es un acto de humanidad producto de que un servidor haya ido a Lomas del Rubí, es producto de que andan deambulando de casa en casa, desde hace 6 meses no tienen dónde dormir”, manifestó.

Rodríguez Monárrez cuestionó la donación de terrenos en la Presa Rural si finalmente los vecinos tendrán que llevar su carro para seguir durmiendo ahí porque no tienen dinero para construir.

Es importante, agregó, que primero se les informe a los colonos la ubicación y metros cuadrados de los inmuebles, y sobre todo que acepten antes de desincorporarlos del patrimonio municipal.

Comentó que los vecinos con los que tuvo la oportunidad de platicar previo a la sesión de cabildo donde se votaría el punto de acuerdo para la donación de los terrenos, ni siquiera lo sabían y se les impidió el acceso a lo que debería ser la casa del pueblo para conocer el sentido de la votación.

El regidor lamentó que palacio municipal se encuentre blindado por policías comerciales y que los ciudadanos necesiten estar anotados en una lista para poder acceder a la sala de sesiones de cabildo.

Con ello se viola el Artículo 11 de la Constitución en el que se consagra el libre tránsito dentro de los edificios públicos del país, declaró.