Pluralidad Sexual

Revelarán lista de funcionarios, políticos y sacerdotes homosexuales por cancelar boda gay en BC

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“Se considera que los solicitantes padecen de locura”, refería la justificación para prohibir el matrimonio.

Mexicali B.C. (Agencias) 13 de enero de 2015.- Cansados de que no se respeten las libertades de la comunidad lésbico-gay del estado de Baja California, el presidente del Consejo Estatal de la Diversidad Sexual de Baja California, Armando Rodríguez Salazar,amenazó con dar a conocer una lista de funcionarios, políticos y sacerdotes católicos que tienen preferencias homosexuales.

“Estamos contemplando crear una lista de políticos y religiosos de todos los niveles de gobierno, donde daremos a conocer sus preferencias sexuales. Los conocemos porque acudimos a las mismas reuniones y algunos son nuestros amigos”, dijo Rodríguez Salazar, según reporta La Jornada.

El motivo de esta decisión es por la decisión del ayuntamiento de esta capital de cancelar por cuarta vez la boda gay programada en la entidad.

Cuando todo parecía listo para que el sábado 10 de enero Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urias Amparo se casaran, por cuarta ocasión el registro civil de Mexicali, Baja California, se negó a acatar un fallo de la Suprema Corte que concede a la pareja el derecho.

El abogado de la pareja en Mexicali, José Luis Márquez Saavedra, fue notificado por la oficial del registro civil, Guadalupe Adriana Nevárez Ramírez, que recibieron una denuncia de impedimento para contraer matrimonio, presentada por Angélica González Sánchez, la persona encargada de dar las pláticas a las parejas que contraerán matrimonio en el municipio, y quien también se negó el jueves pasado a entregar a la pareja la constancia de asistencia a dichas pláticas, aún cuando sí acudieron. La denuncia de impedimento para contraer matrimonio argumenta: “Se considera que los solicitantes padecen de locura”.

Los afectados informaron que presentaron un recurso de inejecución de sentencia contra el alcalde panista Jaime Díaz Ochoa ante un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, que tiene tres días para resolver y canalizarlo a la SCJN que, a su vez, deberá emitir su resolución en 72 horas. “Lo hacen con dolo, con la intención de echarnos a perder el plan.

Es la segunda vez que nos notifican a horas, ni siquiera a días, que hay algún problema”, dice Fernando en entrevista telefónica con Animal Político. “Nosotros tenemos muy claro que lo que el Ayuntamiento busca con este nuevo boicot es que los chicos desistan.

Quieren que se casen pero en otro lugar, no aquí. Y eso no va a suceder, se van a casar y va a ser aquí”, advierte el abogado José Luis Márquez Saavedra.

Fuente:www.sdpnoticias.com/

 

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